El senado con voces a favor y en contra vivió sus primeras audiencias sobre el aborto legal

El plenario de comisiones de la Cámara alta arrancó con las jornadas por donde pasarán un centenar de expositores hasta el 1 de agosto, fecha fijada para la firma de los dictámenes.

El plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales del Senado comenzó este martes con la ronda de exposiciones sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que tiene media sanción y se votará en la Cámara alta el próximo 8 de agosto. En una jornada sin sobresaltos y con poca concurrencia legislativa, se desplegaron las primeras argumentaciones a favor y en contra.

La primera oradora fue la secretaria general del sindicato de Amas de Casa, María Lucila “Pimpi” Colombo, quien ya en su participación en Diputados había dicho no estar ni a favor ni en contra de la ley. Aseguró que las mujeres “no deben ser penalizadas cuando practican un aborto”, aunque remarcó que no cree que el aborto “sea un derecho que tienen las mujeres y menos aún un derecho sobre su cuerpo”.

La expresidenta del Consejo Nacional de las Mujeres cuestionó igualmente que una mujer sea “maltratada y humillada” cuando recurre a un hospital con un proceso de aborto. Por otra parte, dijo que la media sanción de Diputados tomó “algunas” de sus “inquietudes” pero no “todas”, aunque advirtió que “la negativa no da ninguna respuesta a la realidad que vivimos las mujeres”.

“Creo que la posición de nuestro gobierno ha sido muy hipócrita. Nos ha sometido a esta discusión para dividirnos. Sostiene el ministro de Salud que hay que legalizar el aborto, y habla como si estuviéramos en Alicia en el país de las maravillas, pero en la salita no hay preservativos”, añadió la dirigente, que llamó a los legisladores a trabajar en la prevención y “tanta deuda que tenemos” en este sentido.

A su turno, el rabino Fernando Szlajen señaló que “la veintena de definiciones de vida humana son siempre en grado y accidente, pero no en naturaleza y sustancia”. Asimismo, recordó que la Biblia, “base de nuestra civilización”, reconoce “la vida humana desde la concepción, hoy respaldado por la actual bibliografía embrionaria, biológica y genética”.

“El aborto a demanda no es un problema sanitario, ni jurídico, ni económico, sino que es un problema humano: es el síntoma más crudo de la ética donde el individuo y sus intereses son el bien supremo”, consideró Szlajen.

El especialista observó que “cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, queda sólo una vida por proteger: la de la mujer. La diferencia es si lo hará en condiciones seguras o si la condenamos por pobre y excluida a la muerte”.

Por su parte, la médica y psicoanalista Martha Rosenberg remarcó a los senadores: “Tienen la posibilidad de transformar el dolor en derechos, de eso se trata ser legislador, y claramente hace tiempo que las mujeres, niñas y adolescentes sufren la negación de derechos”.

“Las mujeres y cuerpos gestantes tenemos el poder de gestar y parir, o no. Ejercerlo atañe a nuestro saber y entender: somos personas con derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sus avatares”, manifestó Rosenberg.

En otro orden, el abogado y doctor en Ciencias Sociales Martín Farrel enfatizó -ante una consulta de la salteña Cristina Fiore Viñuales- que “no existe” el concepto de objeción de conciencia institucional que algunos senadores pretenden incluir en la media sanción.

El especialista utilizó un ejemplo: “El Senado es una institución, y la institución Senado está determinada por la Constitución Nacional, por sus reglamentos y sus normas. Son hojas de papel con palabras impresas. Eso no tiene conciencia. Los senadores son los que tienen conciencia. No existe la conciencia institucional”.

Cerró el plenario la abogada constitucionalista María Angélica Gelli, quien aseguró que el título del proyecto aprobado en Diputados “no describe la realidad, porque lo que hay en la ley no es una interrupción del embarazo, sino una supresión del embarazo”.

La especialista sostuvo que “la ley tampoco es una ley de despenalización o descriminalización del aborto, sino que establece un derecho subjetivo de la mujer a abortar hasta las 14 semanas libremente a petición”.

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