Estados Unidos publicó un informe en el que degrada al Gobierno de Alberto Fernández

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe anual sobre derechos humanos y en varios pasajes apuntó contra Argentina y el Gobierno de Alberto Fernández.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un informe anual sobre derechos humanos y apuntó directamente, entre otros, contra el Gobierno de Alberto Fernández, denunciando «graves problemas con la independencia del poder judicial» y «una grave corrupción gubernamental», marcando claramente los períodos donde gobernó Cristina Fernández de Kirchner.

Este lunes, el gobierno norteamericano difundió el informe Human Rights Report 2022 y según explicó el secretario Antony Blinken, el mismo ha servido durante medio siglo como «un recurso vital para gobiernos, investigadores, grupos de defensa, periodistas y voces de conciencia en todo el mundo que trabajan para promover el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas por la injusticia».

Dentro del informe, Estados Unidos destaca que «entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes fidedignos de: homicidios ilegítimos y arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales».

Y sigue con que en Argentina hay «graves problemas con la independencia del poder judicial y la grave corrupción gubernamental. El Gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción”.

Haciendo un repaso por los capítulos del informe, Estados Unidos destaca en el titulado «Denegación de juicio público imparcial» que en Argentina «la ley prevé un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales. Según las ONG nacionales, los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales eran a veces objeto de manipulación política».