Tras la muerte de la beba frente a Casa Rosada, reglamentaron una ley para personas en situación de calle

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Fue publicada en el Boletín Oficial Decreto 183/2023. Entre sus normas, ordena un relevamiento nacional y crear una red de centros de integración social.

El Gobierno nacional reglamentó este miércoles 5 de abril una ley que garantiza los derechos humanos de las personas en situación de calle y “familias sin techo”. Se realizó a través del Decreto 183/2023 publicado en el Boletín Oficial y había sido aprobada en el Congreso en diciembre de 2021. La Ley N°27.654 fue reglamentada tras el caso de la beba de tres meses que murió a metros de la Casa Rosada.

Según indicaron, la nueva norma “constituye un instrumento jurídico fundamental que tiene por objeto garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.

“Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle constituyen una de las expresiones sociales más graves de la precariedad habitacional, y que necesitan mayor atención por parte del Estado”, detalla el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y el jefe de Gobierno, Agustín Rossi. Además, impulsa a distintos Ministerios, autoridades públicas y actores de la sociedad civil a un “trabajo conjunto y activo, entendiendo la complejidad de la problemática y la necesidad de un abordaje interdisciplinario y coordinado a nivel federal”.

“Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle constituyen una de las expresiones sociales más graves de la precariedad habitacional", detalla la ley. (AP foto/Natacha Pisarenko)

La ley indica que las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle tienen derecho al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos sin discriminación por su condición de vulnerabilidad. A su vez, se plantea que el Estado debe procurar evitar el uso de la fuerza pública, “para ello debe agotar todas las instancias de articulación de las acciones y medidas asistenciales establecidas”.

Por otra parte, el decreto detalla que “los problemas derivados de la situación de calle se encuentran localizados, principalmente, en los grandes centros urbanos del país, y tienen un origen multicausal que no se corresponde únicamente con la falta de acceso a la vivienda, sino también con otras causas como las realidades económicas, laborales, migratorias, vinculares, familiares, de salud, subjetivas e institucionales, entre otras”.

El Gobierno advirtió que “Argentina no dispone de información estadística con indicadores específicos y actualizados sobre las características demográficas y sociales de esta población en la escala nacional”. Y, en ese sentido indicaron: “Es menester diseñar y ejecutar un mecanismo determinado para la recolección, el relevamiento y la sistematización de datos públicos que permita dar cuenta de la magnitud de la problemática de situación de calle y el riesgo de estarlo”.

El decreto detalla que los problemas derivados de la situación de calle se encuentran localizados, principalmente, en los grandes centros urbanos del país. (Foto: NA)

La iniciativa también define a las personas en situación de calle como aquellas sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, habiten en la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente, utilicen o no servicios socioasistenciales o de alojamiento nocturno, públicos o privados.

Y a las personas en riesgo a la situación de calle, como aquellas que residan en establecimientos públicos o privados (médicos, asistenciales, penitenciarios u otros) de los cuales deban egresar por cualquier causa en un plazo determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso; que se encuentren debidamente notificadas de una resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo y no tengan recursos para procurarse una vivienda, o que habitan en asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica, que no califiquen como barrios populares.

En el segundo semestre de 2022, la pobreza fue del 39,2% y afectó a más de 18 millones de argentinos

La pobreza llegó al 39,2% en la Argentina en el segundo semestre de 2022, según datos publicados el 29 de marzo pasado por el INDEC. De esta manera, el nivel de pobreza subió respecto del 36,5% del semestre previo y se acercó 42% en el que había terminado 2020. Según las estimaciones, 18.049.523 de personas alcanzan esa condición. Para los menores de 14 años, este número escala a 54,2%.

Según el organismo estadístico, con respecto al primer semestre de 2022, la incidencia de la pobreza registró un aumento de 2,7 puntos porcentuales. En tanto, la indigencia se ubicó en el 8,1% -aproximadamente 3.729.620 personas-, lo cual representó una baja de 0,7 puntos porcentuales en relación con el semestre anterior.

El 54,2% de la pobreza infantil refleja que hay más de 5,5 millones de niños que no alcanzan el umbral de los ingresos necesarios para satisfacer la canasta básica alimentaria, sumado a la compra de bienes y servicios considerados esenciales para sobrevivir, como el acceso a vestimenta, transporte, educación y la salud. De ese total, se sumaron casi 350.000 niños en los últimos seis meses.

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