Benefician a Cristina Kirchner en una causa por supuestas coimas a firmas de colectivos

La Cámara Federal porteña no convalidó el procesamiento que había firmado el juez Bonadio, y dictó una falta de mérito. Ahora se deberá seguir investigando.

La Sala I de la Cámara Federal porteña dictó una falta a Cristina Kirchner en un expediente vinculado a la causa de los cuadernos de las coimas, respecto al supuesto pago de coimas por parte de las empresas de colectivos que recibían subsidios del Estado. El juez Claudio Bonadio la había procesado como jefa de una asociación ilícita dedicada a organizar y cobrar esos sobornos. Los delitos eran «asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta». Pero este viernes, los camaristas anularon esa decisión y ordenaron profundizar la investigación. En otra causa vinculada al caso cuadernos, la Cámara sí confirmó la ampliación de una acusación contra la actual senadora y candidata a vicepresidenta.

La falta de mérito -que anula el procesamiento pero no desvincula a Cristina de la investigación- se dictó en la investigación sobre los subsidios al servicio de transporte de colectivos. Para Bonadio, los supuestos retornos por parte de las empresas beneficiadas con los subsidios fueron parte de una «maniobra delictiva» que se estructuró desde el Ministerio de Planificación Federal.

Según el juez, esta asociación ilícita «desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente».

Según la determinación de Bonadio, en el área de transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, como secretarios de Transporte; Julio De Vido, -ex ministro de Planificación Federal-, y los interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, generaron como «partícipes de la maniobra», un perjuicio al Estado de casi 610 millones de pesos.

La maniobra consistía en ​entregar subsidios superiores a los que correspondían para poder recibir las coimas. Pero los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenaron que la investigación se profundice. 

En la resolución, se ordenó al Bonadio que «extreme los recursos a su alcance a fin de profundizar la pesquisa en la dirección adecuada, partiendo del análisis de los regímenes y procedimientos administrativos implementados y las fórmulas de cálculo utilizadas para la determinación de esas asistencias financieras».

Los camaristas señalaron que se debe «llegar a una evaluación completa e integral de las diversas circunstancias fácticas de los eventos investigados» para poder «agotar las distintas alternativas que permitan dilucidar la existencia o no de un obrar delictivo tendiente a lograr un beneficio particular a costa del interés público, a través del otorgamiento u obtención indebida de los mencionados subsidios al transporte automotor de pasajeros».

En su momento, Bonadio había argumentado que los acusados eran «comandados por Cristina Kirchner» y armaron un sistema de recaudación que posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes «superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes». Esa maniobra ilegal «pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014. Los subsidios se entregaban de dos maneras: en dinero y en cupos de gasoil a precio diferencial».

Entre los empresarios que seguirán siendo investigados en esta causa, se encuentran Mario Cirigliano, Carlos Kovac, Héctor Ledesma.

En el entramado de supuestas irregularidades en el otorgamiento a los subsidios al transporte de pasajeros en colectivos, también se involucró a Pedro Ochoa Romero (ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT).

Como resultado de las coimas abonadas, los ex funcionarios «mantenían las concesiones y garantizaban las entregas de subsidios». Las entregas de dinero se realizaban, según el juez, «en los despachos de los Secretarios de Transporte o en las sedes de las empresas».

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