Cristina Fernández de Kirchner: “El objetivo es atemorizar a la oposición, hacerla callar”
La ex presidenta calificó como «un disparate jurídico» la causa en su contra por el supuesto encubrimiento en el atentado a la AMIA.
Un disparate jurídico. Así calificó Cristina Kirchner la causa judicial en su contra por el supuesto plan de su gobierno para fabricar la inocencia de los iraníes acusados de haber tramado y perpetrado el atentado a la AMIA.
La investigación la inició a fines de 2014 el fiscal Alberto Nisman, quien meses después apareció muerto en su departamento en dudosas circunstancias, y ahora está siendo llevada adelante por el fiscal Eduardo Taiano y el juez Claudio Bonadio, a quien la mandataria le atribuye ensañamiento y parcialidad.
Cristina Kirchner no habló ante el juez Bonadio y el fiscal Taiano sino que presentó un escrito, firmado también por sus abogados defensores, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.
Lo hizo después de escuchar las acusaciones en su contra a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán que tenía el supuesto fin de avanzar en la investigación del atentado a la AMIA, pero que Nisman señaló que en realidad era para encubrirlo.
A la salida de la sede judicial, realizó declaraciones a la prensa en las que acusó a su sucesor, Mauricio Macri, de promover su juzgamiento y lanzó una advertencia: “Eso de silenciar a la oposición tiene que ver con el ajuste que se viene. Conmigo no van a poder porque voy a representar los intereses por los que fui votada”.
La ex mandataria sostuvo que “el objetivo de esta persecución judicial es atemorizar a los dirigentes de la oposición, hacer callar a la oposición en el Parlamento, (porque) quieren un Parlamento sumiso”.
“La única traición es usar a un Poder Judicial como el que está aquí para perseguir a los opositores”, respondió la ex jefa del Estado, consultada por los delitos que se le imputan, traición a la patria y encubrimiento.
En cambio, defendió el pacto con Irán, aprobado por el Congreso argentino pero no por el iraní, como una forma de avanzar en la investigación del atentado, que está irresuelto desde que fue perpetrado, el 18 de julio de 1994 y como consecuencia del cual murieron 85 personas.
El acuerdo bilateral fue muy cuestionado por la comunidad judía, que acusó al gobierno kirchnerista de pactar con los negadores del Holocausto, y declarado inconstitucional por la Justicia.
