El Ex Presidente de Brasil, Lula Da Silva, condenado a 9 años y medio

Es por corrupción y lavado de dinero, en el marco del escándalo “Lava Jato”. El ex mandatario de izquierda puede apelar la sentencia, pero si la Corte la confirma, quedará inhabilitado para ser candidato a presidente en 2018.

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado ayer a 9 años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, una sentencia que podrá recurrir en libertad pero que amenaza su eventual candidatura a las elecciones de 2018.

El fallo fue dictado por el juez Sergio Moro, de Curitiba, a cargo de la investigación del caso Lava Jato en la primera instancia, que desde hace tres años sentó en el banquillo y condenó a pesadas penas de prisión a decenas de políticos tanto de izquierda como de derecha y a encumbrados empresarios.

Lula, de 71 años, fue acusado de ser el beneficiario de un departamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.
El juez ordenó confiscar el inmueble denunciado, en una causa que afirma que Lula fue el destinatario de  1,1 millones de dólares en forma ilícita.

“Entre los delitos de corrupción y lavado hay concurso material, motivo por el cual las penas sumadas llegan a nueve años y seis meses de reclusión”, determinó Moro, a cargo de la investigación del Lava Jato sobre sobornos en la petrolera estatal. El magistrado indicó que el ex mandatario, ícono de la izquierda latinoamericana, podrá “presentar su apelación en libertad”.

“Considerando que la prisión cautelar de un ex presidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda aguardar el fallo de la Corte de Apelación antes de extraer las consecuencias propias de la condena. Así, el ex presidente podrá presentar su apelación en libertad”, agrega.

Lula, que enfrenta otras cuatro causas penales (ver aparte), siempre negó categóricamente los cargos y los atribuyó a una conspiración para impedir su candidatura en las presidenciales de octubre de 2018, para las cuales figura como gran favorito en los sondeos, pese a ser a la vez uno de los políticos con mayor índice de rechazo.

Para que su postulación sea bloqueada, deberá ser condenado en segunda instancia.

El Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en 1980, preparaba ayer al mediodía movilizaciones de protesta en todo el país, dijo el líder de esa formación en la Cámara de Diputados, Carlos Zarattini.

La Bolsa de San Pablo, que operaba con estabilidad durante la mañana, escaló rápidamente y subió 1,57% a inicios de la tarde, tras el anuncio de la condena, en tanto que el real se reforzaba frente al dólar. La condena de Lula fue vista por el mercado como la posibilidad de que el PT no vuelva al gobernar en 2018.

Las cinco causas abiertas contra Lula

– Departamento tríplex: Moro acusó a Lula de haber recibido el tríplex cuando aún era presidente y también de ser el destinatario de un soborno de 1,1 millones de dólares de OAS.
Leo Pinheiro, ex presidente de OAS, dijo a la Justicia que el departamento fue reservado -y luego lujosamente reformado- para Lula y su esposa Marisa Leticia, tras el fin del mandato.

– Instituto Lula: Investiga si la constructora Odebrecht ofreció 12 millones de reales para comprar un terreno en San Pablo donde sería erigido el Instituto Lula -que divulga su legado político-, como parte de un acuerdo para distribuir sobornos recibidos por el PT.

– Aviones de combate: En este proceso es acusado de lavado de dinero y tráfico de influencia en la compra por parte del Estado brasileño de aviones de combate suecos Gripen por 5.000 millones de dólares. Según la investigación, Lula recibió 2,25 millones de reales a través de la empresa de su hijo Luis Claudio.

– Compra de silencio: Investiga la denuncia del exsenador del PT Delcidio do Amaral, que afirma que el ex mandatario participó en un plan para comprar el silencio de un exdirectivo de Petrobras involucrado en el fraude de la petrolera estatal.

– Angola: En este caso es acusado de tráfico de influencia, corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de una organización delictiva junto a Marcelo Odebrecht entre 2008 y 2015.

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