Gran operativo en la tierra sagrada mapuche y despertó nuevas críticas de la familia hacia el juez

Por orden del juez, más de 300 efectivos con drones y helicópteros comenzaron a rastrillar cerca de mil hectáreas. Una mujer de la comunidad quedó detenida.

La detención de una mujer era hasta anoche el único saldo del megaoperativo que desde las primeras horas de ayer realizaron fuerzas de seguridad nacionales y provincial en tierras ocupadas por la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut, por orden del juez Guido Otranto como parte de la investigación para dar con el  paradero de Santiago Maldonado desaparecido hace hoy 49 días.

El operativo de búsqueda coincidió, en tanto, con el anticipo por parte del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Francisco Eguiguren, de que exigirá al Gobierno nacional detalles acerca de los avances de la investigación sobre la desaparición del joven artesano de 28 años quien fue visto por última vez el 1 de agosto pasado cuando la Gendarmería desalojó a un grupo de mapuches que cortaban la ruta 40.

Alrededor de 300 efectivos de las policías Federal, de Seguridad Aeroportuaria y de Chubut, y de la Prefectura Naval, con drones y tres helicópteros, que incluyeron buzos tácticos, unidades de infantería y de caballería y 16 perros entrenados en la detección de rastros de personas y de cadáveres, fueron desplegados desde las 7 de la mañana al interior de unas mil hectáreas de la estancia Leleque (propiedad del grupo Benneton) ocupadas por el Pu Lof de Resistencia Cushamen vinculados con el Movimiento Autónomo de Puel Mapu.

El saldo de semejante despliegue al final de la jornada era la detención de una mujer mapuche identificada como Elizabeth Loncopan, quien al ser ingresada a la comisaría de Esquel, distante unos 100 kilómetros del lugar del hecho, alcanzó a decir a periodistas que “me detienen por orden del agente Gastón García que me señala por ser la persona que increpó a Otranto”.

El propio juez Otranto encabezó el megaoperativo y recibió en la tranquera del lugar al hermano de Santiago, Sergio Maldonado, y a su abogada Verónica Heredia, pero no les permitió el ingreso pese a ser querellante.

“Al no estar nosotros no tiene validez. Es una payasada. El juez es un delincuente, al que voy a denunciar ante la Cidh”, dijo Sergio, quien también cargó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el secretario de esa cartera, Gerardo Milman. “Lo tienen que buscar en otro lugar, no ahí. Mi temor es que tiren a mi hermano ahí adentro”, agregó.

El hermano de Santiago dijo que no fue informado por el juez sobre la realización del operativo que dispuso mediante una orden reservada del martes pasado y que sin embargo fue adelantado en detalles ayer por La Nación.

Por otra parte, en  declaraciones a una radio porteña, el titular de la Cidh anticipó que citará a una reunión privada al Gobierno argentino en Montevideo, sede del organismo, en su último periodo de sesiones (del 23 de octubre al 1 de noviembre) para que informe que acciones ha tomado en el caso Maldonado, como también para pronunciarse sobre la parlamentaria del Mercosur y dirigente de la Tupac, Milagro Sala.

“Importa saber el avance de las investigaciones de la búsqueda y determinación de su paradero”, dijo el presidente de esa comisión de la OEA, que el 23 de agosto dictó una cautelar en la que le pidió al Estado argentino adoptar las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida e integridad personal.

El kirchnerismo denunció un pacto con Gendarmería

El ex legislador radical Leopoldo Moreau, hoy afín al kirchnerismo, denunció ante la Justicia que el Gobierno y la Gendarmería celebraron un pacto para afirmar que el ex fiscal Alberto Nisman fue asesinado a cambio de protección en el caso de Santiago Maldonado.

Moreau declaró como testigo, y presentándose como “periodista profesional”, ante el fiscal Eduardo Taiano, en la causa en la que se investiga la muerte de Alberto Nisman, hallado muerto de un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en su departamento de la torre Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero.

En esa instancia, el ex legislador de la UCR explicó que a partir de una publicación periodística que el 28 de mayo pasado anunció que Gendarmería concluiría que Nisman fue asesinado, inició una investigación en cuyo marco obtuvo información de “fuentes” que rehusó identificar.

De esa manera, supo que el viceministro de Seguridad, “Pablo Noceti se comunicó en dos oportunidades con el director general de Gendarmería, comandante (Gerardo) Otero, para manifestarle su interés en el nombre del Gobierno nacional en el sentido de que los peritajes que se le habían adjudicado a la Gendarmería finalmente dieran como resultado la hipótesis del asesinato de Nisman”.

“Este, a su vez, se comunicó con un comandante, de apellido Caballero, para que así fuera”, dijo en presunta alusión a la cabeza de la junta interdisciplinaria de Gendarmería que interviene en la causa, el director de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, comandante Orlando Caballero.

Cuando se produjo la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado, “se comunicó directamente el comandante Otero con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le manifestó que estaba interesado en la necesidad de que la Gendarmería no saliera manchada de esta situación”.

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