Intendentes y personajes del FPV de Jujuy entre ellos Omar Carrasco se quedarían sin la posibilidad de ser candidatos

De acuerdo al informe que acompaña al proyecto, al menos 9 intendentes del FPV de Jujuy quedarían sin chances de ser candidatos, como asi también el destituido intendente de Fraile Pintado, Omar Carrasco.

Se presentó en la Legislatura jujeña el proyecto que apunta a que los funcionarios, o ex funcionarios, que no puedan justificar debidamente la utilización del manejo de fondos públicos ante la autoridad de contralor en Jujuy, el Tribunal de Cuentas, se los inhabilitaría para ser candidatos electorales.

Acompaña al proyecto un informe donde cita ejemplos de actuales funcionarios y también de gestiones anteriores que, de aprobarse esta ley, no podrían ser candidatos. En el mismo figuran nombres como el de Rolando Pascual Ficoseco (Perico), Jorge Ramón Alé (ex intendente de Libertador General San Martín), Dante Velázquez (La Quiaca), Julio Carlos Moisés (ex intendente de San Pedro), Sergio Gustavo Bautista (La Esperanza), Jesús Lorenzo Guerra (La Mendieta), Juana Sandoval (San Antonio) y Nilson Ortega (Monterrico). La nómina de involucrados incluye también a ministros, secretarios, directores y asesores.

También en esta situación, con la imposibilidad de justificar el manejo de fondos, y que le costó varias imputaciones y próximos juicios, está el ex Comisionado Municipal de Yala, Facundo Vargas Duran.

Pero la lista de ex funcionarios fellneristas acusados, en algunos casos, y en otros denunciado e investigados, por delitos relacionados a la malversación de fondos públicos no termina allí.

Se pueden citar ejemplos como los del ex intendente de Palpalá, Alberto Ortiz; el destituido intendente de Fraile Pintado, Omar Carrasco. También está el caso de Florencia Gelmetti (ex Ministra de Educación); y otros ex funcionarios de Fellner complicado por desmanejos de caudales públicos como Daniel Palumbo y Héctor Ugarte, ex autoridades del Instituto de Seguros de Jujuy.

Todos ellos están acusados por presunta malversación de dineros públicos por la compra irregular de bienes e insumos.

Por ahora, el proyecto de ley tiene despacho en la comisión de Asuntos Institucionales de la legislatura jujeña, y tiene giro a la comisión de Legislación General, donde la iniciativa no avanza.

 

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