Jujuy entre las cinco provincias, que tomará muestras de ADN de violadores y abusadores

Cinco provincias, entre ellas, está Jujuy, que tomará muestras del ADN de más de 22 mil abusadores sexuales con sentencia firme en todo el país con imputaciones de diversos grados.

El Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación, que fue implementado tras la Ley 26.879 en varias provincias del país.

Funcionarios del Ministerio de Justicia hablaron de un primer paso que incluye unas 557 notas enviadas a juzgados de la provincia, Capital Federal, Buenos Aires, Mendoza y La Pampa para relevar a 3.031 condenados, con seis laboratorios para procesar información genética a nivel nacional.

Las extracciones de las muestras se harán con un hisopado en la garganta y solo podrán ser realizadas con una orden del juzgado de ejecución penal que supervisa al condenado o el tribunal que emitió el fallo, es decir con autorización de las autoridades judiciales de Jujuy.

Con respecto a los condenados libres que cumplieron su pena, ya que los abusadores sexuales no deben responder a ningún patronato de liberados en Argentina ni reportarse a organismo alguno tras salir de prisión, el Registro pretendería convocarlos mediante citaciones judiciales con una base propia que combina información del RENAPER, de legajos de reincidencia y del Servicio Penitenciario Federal.

El Sistema Nacional de Estudio de Ejecución de la Pena que depende del Ministerio de Justicia apunta un crecimiento del 217% de los encarcelados por abuso desde 2006 hasta el año pasado, casi 10 mil presos hasta fines de 2017. La cifra de 22 mil condenados que se proyecta relevar incluye casos de aproximadamente los últimos diez años.

Los responsables de este procedimiento reafirmaron que tendrán una estricta cadena de custodia de la información, con archivos con contraseña entregados a enlaces en juzgados, pues aseguran que son datos sensibles. Por lo pronto solo se tomarán muestras a condenados con sentencia firme, y para aquellos con fallos en primera instancia y los procesados por delitos sexuales no se aplicarían.

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