La ex presidenta, Florencia y Máximo a juicio oral por lavado de dinero y asociación ilícita

El juez Ercolini decidió ayer dar por terminada la investigación de la causa Los Sauces. Serán citados a juicios porque alquilaban habitaciones que no eran ocupadas por pasajeros.

La ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, fueron enviados este miércoles  a juicio oral por el juez Julián Ercolini por presunto lavado de dinero a través del alquiler del hotel Los Sauces durante siete años a empresarios contratistas del Estado o cercanos a la entonces familia presidencial.

Ercolini dio por cerrada la investigación -que inició el 4 de abril de 2015 tras una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer– y elevó la causa a juicio oral, el cual se desarrollará en el segundo semestre de 2019 o en 2020.

El magistrado acusa a la familia Kirchner de haber formado una asociación ilícita para simular alquileres de propiedades destinados recibir pagos no declarados, presuntamente provenientes de sobornos, en los que habrían tenido participación los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Además de la ex jefa de Estado y sus hijos, otras 23 personas deberán sentarse en el banquillo de los acusados, pasibles de ser condenados a prisión en caso de que el tribunal de por comprobados los delitos. Además de lavado se investigan dádivas.

En su resolución judicial, Ercolini dice que Cristina Kirchner y sus hijos fueron parte de una asociación ilícita entre enero de 2009 y marzo de 2016, que tenía como máximo objetivo el de lavar dinero.

“Hubo un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces SA por medio del cual se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada sociedad comercial”, dice el texto de Ercolini.

La empresa que gerenció el hotel ubicado en El Calafate, ciudad en la que la familia Kirchner tiene una residencia,  fue constituida el 7 de mayo de 2006 por el ex presidente Néstor Kirchner. Luego, su esposa, quedó al mando de la compañía.

Según la investigación judicial que emprendieron Ercolini y el fiscal federal Gerardo Pollicita, una empresa del detenido (por otra causa) Lázaro Báez giró durante siete años a Los Sauces unos 6.851.650,97 de pesos en alquileres. 

A su vez, los también detenidos Cristóbal López y Fabián De Sousa le pagaron a la gerenciadora del hotel unos 18.554.725,76. Asimismo, a través de la firma Idea SA, Osvaldo Sanfelice aportó 561.665,57 pesos.

Todos esos fondos detectados por la Justicia representaron el 88% de lo facturado en los siete años por Los Sauces. Solo el 12% provino de pagos realizados por turistas que se alojaron en el hotel ubicado en uno de los lugares más bellos de la Argentina.

Además de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, irán a juicio oral y público Cristóbal López y Fabián De Sousa; Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro y Luciana; Emilio Carlos Martín, Claudio Fernando Bustos, Martín Samuel Jacobs, Romina De Los Ángeles Mercado (sobrina de la ex presidenta), Carlos Alberto Sancho, Cristóbal Manuel López. 

También deberán enfrentar a los tribunales Norma Beatriz Abuin, Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Leandro Albornoz, el contador de la familia presidencial Víctor Alejandro Manzanares, Osvaldo José “Bochi” Sanfelice, Oscar Alberto Leiva, Rolando Aníbal D’Avena, Marcelo Gustavo Mazú, Raúl Oscar Avarese, Lisandro Manuel Gauna y Mónica Liliana Romero.

Florencia podría quedar detenida 

Con la elevación a juicio oral del caso Los Sauces, firmada por el juez Julián Ercolini ayer, Florencia Kirchner podría detenida. La joven productora de cine no tiene los fueros parlamentarios que hoy protegen a su madre y a su hermano Máximo de una eventual captura.

“Cristina Kirchner, junto con Néstor, Máximo y luego Florencia Kirchner habrían utilizado a Los Sauces como un mecanismo permanente para el reciclaje de fondos ilícitos que provenían en el caso de las empresas de Lázaro Báez de la defraudación al Estado nacional a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz”.

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