Passarella procesado junto a ex dirigentes y barras por la reventa de entradas en River

El ex presidente del Millo fue procesado sin prisión por la presunta comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta.

El ex presidente de River, Daniel Passarella, fue procesado por el delito de estafa por su presunta participación en la reventa de entradas durante su gestión al frente de la institución de Núñez.

El 22 de diciembre de 2013, el periodista Gustavo Grabia dio a conocer la noticia de que el fiscal José María Campagnoli había pedido el allanamiento de las oficinas del estadio Monumental y del domicilio del entonces presidente de River, Daniel Passarella, y su vice, Diego Turnes, a raíz de una denuncia que acusaba a estos y otras personas del delito de estafa a los socios en el marco del negocio de la reventa de entradas.

Todo surgió el 23 de junio de 2012 cuando un socio abonado a la platea San Martín Media fue junto a su hijo y su novia, también abonados, a ocupar los asientos que les correspondían en el Monumental para ver el partido entre River y Almirante Brown en el que el Millonario se jugaba el ascenso y se encontró con que uno de ellos ya estaba ocupado.

El socio, conocido como Guillermo F., le pidió que liberara el lugar y éste justificó su presencia con el ticket que había comprado en la reventa.

El afectado pidió explicaciones a las autoridades y, ante el maltrato que recibió, realizó la denuncia.

Esto generó una investigación sobre algunos dirigentes, policías, políticos y empleados de la empresa que emitía las entradas a través de la cual la Justicia determinó que tenía pruebas fundadas para llamarlos a declarar.

Las personas involucradas, además de los mencionados Passarella y Turnes, son: Gustavo Poggi (ex responsable del área de socios), Eduardo Rabufetti (ex vocal de la CD), Andrés Montinero (gerente de la empresa Top Show), los oficiales Alejandro Rivaud y Alejandro Hayet, y los integrantes de la barra brava Martín Araujo, Guillermo Godoy, Matías Goñi y José Uequín.

La maniobra consistiría en que el registro de socios que estaba a cargo de Gustavo Poggi entregaba un pen drive con datos de más de 10.000 socios que habitualmente no concurren al estadio y los tickets que les corresponden: en vez de entrar al circuito de canje vía web, iban directamente a manos de la barra.

Para esto, el empleado de Top Show hacía un registro ficticio como si el canje efectivamente se hubiese concretado. Y entre martes y jueves, Goñi, Araujo o Godoy pasaban a buscarlos por una oficina del club: cuando allí la cuestión se ponía complicada, se reunían en un lavadero de autos de la avenida Libertador llamado Manotas o en una estación de servicio de Juan B. Justo y Nicaragua.

Una vez que los capos de Los Borrachos tenían las entradas, las comercializaban por dos vías: Mercado Libre, por Internet, cuyo manejo quedaba al mando de José Uequín, alias Bolsa de Papas, y por una oficina vip ubicada en un edificio de la calle Carlos Pellegrini 27, pleno microcentro; y los días de partido en las cercanías del Monumental, donde contaban con un ejército de 57 revendedores, todos ya identificados, que recibían los tickets en los quinchos del club y el estacionamiento y tenían también una oficina sui generis en la calle Ricchieri, a tres cuadras del Monumental, pegada a la iglesia del lugar.

Para darse una idea del negocio, en una escucha Matías Goñi, número tres de la barra y hombre del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, admite haber ganado sólo para él 66.000 pesos en el último superclásico y otros 53.000 en el recital de Madonna.

Según se determinó tras un año y medio de investigación, refrendado por Campagnoli y su secretario, Guido Sassoli, los barras manejaban entradas para las tribunas San Martín, Centenario, Sívori y Belgrano alta. Y aunque parezca insólito, también tienen (¿seguirán teniéndolos?) dos palcos bajo la fachada de una empresa trucha de turismo.

La plata que se movía era tal (se habla de medio millón como si nada) que para blanquearla después en el circuito legal, los barras compraban propiedades a refaccionar por medio de una sociedad anónima de testaferros para venderlas después ya recicladas. En el medio, se sobrefacturan los trabajos para justificar el dinero. Increíble.

Así las cosas, ayer se conoció la decisión del procesamiento de Daniel Passarella y del resto de los involucrados, a quienes podría caberles la pena prevista en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, que establece de un mes a seis años para quien «tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”.

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